Regressive Changes Proposed for El Salvador’s Right to Information Law

14 February 2022.

(A Spanish translation is below)

CLD is concerned that proposed changes to El Salvador’s Law on Access to Public Information will limit transparency and access to information in El Salvador. This is a disappointing development given that the current law is very strong and El Salvador has historically been a regional leader. Thus, on CLD’s RTI Rating, which ranks right to information laws globally (rti-rating.org), El Salvador does very well and is in 11^th place globally.

“Reforming a right to information law should be an opportunity to strengthen transparency, in consultation with the public and key stakeholders, based on lessons learned,” said Toby Mendel, Executive Director of CLD. “Instead, the Government of El Salvador has chosen to do the opposite and undermine the right to information in El Salvador.”

Key concerns around the proposed amendments include:

• Responses to requests for information would no longer need to be provided as soon as possible and the time limit for responding would increase to 20 days. This would cost El Salvador three points on the RTI Rating.
• The sanctions in the law would apply to everyone instead of just government officials. This could potentially expose civil society groups or journalists to sanctions for reporting on information that has already been leaked by a third party.
• The ability of the government and other public entities to reclassify information subject to proactive disclosure obligations would expand, so that it could more easily restrict the automatic disclosure to the public of information.
• There were already problems with the process for selecting members of the access to information oversight body (the Institute for Access to Public Information), in particular in terms of political interference, for example because the president formally appointed all members. However, the amendments would further limit the role of non-governmental actors, including civil society, in nominating candidates.
• The amendments would limit the circumstances in which a requester can come in person to consult physical copies of information directly.

Our updated RTI Rating of the legal framework for RTI in El Salvador based on these amendments is available here.

For further information, please contact:

Laura Notess
Senior Legal Officer
Centre for Law and Democracy
Email: laura@law-democracy.org
+1 782 234-4471
www.law-democracy.org
twitter: @law_democracy

**

14 de febrero de 2022

Propuesta de reformas regresivas a la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador

El Centro para la Democracia y el Derecho (CLD) ve con preocupación las propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, ya que, de ser aprobadas, limitarían la transparencia y el derecho de acceso a la información en dicho país. Esta situación es lamentable, dado que la actual ley es robusta e históricamente ha sido un referente regional. En el índice de Derecho de Acceso a la Información del CLD (RTI Rating por sus siglas en inglés), que clasifica las leyes del derecho de acceso a la información a nivel mundial (rti-rating.org), El Salvador tiene una buena ubicación, clasificándose en el puesto 11 a nivel mundial.

“Reformar una ley de derecho a la información pública debería ser una oportunidad para fortalecer la transparencia, en consulta con la ciudadanía y con actores claves, con base en las lecciones aprendidas”, dijo Toby Mendel, Director Ejecutivo del CLD. “En cambio, el Gobierno de El Salvador ha optado por hacer lo contrario y socavar el derecho de acceso a la información en El Salvador”.

Las principales preocupaciones  de las reformas propuestas son:

• Las respuestas a las solicitudes de información ya no tendrían que entregarse con prontitud, pues  el plazo para responder aumentaría a 20 días. Esto implicaría que El Salvador bajaría tres puntos en el índice RTI.
• Las sanciones previstas en la ley, se aplicarían a los particulares y no solo a los funcionarios públicos, por el uso de información pública. Esto podría exponer a la sociedad civil o a los periodistas a sanciones por informar sobre información que ya ha sido divulgada por un tercero.
• Se ampliaría la capacidad del gobierno y otros entes públicos para reclasificar información que es de naturaleza oficiosa, de modo que podría restringir fácilmente la divulgación automática de información al público.
• Ya había problemas con el proceso de selección de los miembros del organismo garante del acceso a la información (Instituto de Acceso a la Información Pública- IAIP), en particular en lo que respecta a la interferencia política, por ejemplo, porque el presidente nombraba formalmente a todos los miembros. Sin embargo, las reformas limitarían aún más el papel de los actores no gubernamentales, incluida la sociedad civil, en la proposición de candidatos.
• Las reformas limitarían las circunstancias en las que un solicitante de información puede acudir personalmente a consultar directamente copias físicas de la información.

Nuestro índice RTI actualizado para la clasificación del El Salvador de acuerdo a su marco legal, tomando en cuenta que se aprobaran estas enmiendas está disponible aquí .

Para más información contactar a:

Laura Notess
Senior Legal Officer
Centro para la Democracia y el Derecho
Email: laura@law-democracy.org
+1 782 234-4471
www.law-democracy.org
twitter: @law_democracy